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Los asesores externos de empresas y los secretarios de consejos de administración están obligados a inscribirse antes de próximo 3 de septiembre en el Registro Mercantil de su domicilio. El incumplimiento se considera infracción leve y puede ser sancionado con multas de hasta 60.000 euros.

El 4 de septiembre de 2018 entró en vigor el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto que traspuso la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo sobre prevención del blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo. Su disposición adicional establece la obligación de inscripción previa en el Registro Mercantil al inicio de las actividades de todas aquellas personas que profesionalmente presten una serie de servicios, entre los que se incluyen ahora actividades jurídicas tales como el ejercicio del cargo de secretario no consejero de consejos de administración y la asesoría externa a sociedades.

Pero esta obligación también ha llegado a los profesionales que ya vinieran ejerciendo esas actividades, quienes han tenido un plazo de un año desde su entrada en vigor. Por tanto, sólo queda una semana para cumplir con esta nueva obligación, ya que el plazo termina el próximo 3 de septiembre.

Javier Catalán, socio de legal y fiscal de PKF Attest, explica que, además, estos profesionales están obligados a “depositar anualmente información sobre los servicios prestados, incluyendo su ámbito territorial, el volumen facturado, el número y clase de operaciones efectuadas y, en su caso, las modificaciones de su titularidad real”. El experto recuerda que el incumplimiento de estas obligaciones se considera infracción leve, y puede ser sancionado con multas de hasta sesenta mil euros.

“Esta obligación está causando preocupación y dudas en el colectivo de profesionales del derecho mercantil y el asesoramiento a empresas, puesto que la literalidad de la norma obliga a inscribirse a cualquier prestador de servicios, independientemente de la naturaleza de su actividad y de la existencia o no de riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”, indica Catalán.

Más dudas les está generando esta nueva normativa a los profesionales adscritos a despachos colectivos o firmas. La duda estriba en saber si han de registrarse personalmente o es suficiente con que lo haga la persona jurídica para la que desarrollan su trabajo. El socio de PKF Attest apuesta por esta segunda vía.

Tanto el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) como el Consejo General de Economistas han mostrado su rechazo a esta norma, ya que consideran que no han hecho una transposición correcta de la directiva.

Fuente: PKF Attest – Javier Catalán (publicado en Expansion.com)

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