La actual exigencia normativa tracciona el impulso de prácticas en materia de Igualdad y además es uno de los ejes tractores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el acceso a Fondos Europeos.
Mariano Aróstegui, Director de Compliance Corporativo y Teresa Areizaga, Gerente área Organización y Gestión de Personas en PKF Attest, analizan en este artículo publicado en La revista mensual ‘El País Vasco’ de El Economista, las obligaciones legales en materia de Igualdad en las Empresas y cómo constituye un elemento estratégico en las organizaciones.
“En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.” Artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Igualdad debe constituir un elemento estratégico y un motor clave para el progreso económico, razón por la que las empresas deben asumir el principio de igualdad como uno de los ejes prioritarios de su cultura empresarial e incorporar permanentemente la igualdad en la gestión del capital humano con el objeto de garantizar que las mujeres y los hombres cuenten con las mismas oportunidades en el acceso, participación y permanencia en todas las prácticas de gestión empresarial.
La implantación de medidas en materia de Igualdad reporta importantes beneficios, tales como:
- Mejor competitividad interna de nuestras organizaciones, y aumento del grado de madurez de la cultura de las mismas.
- Mejores resultados
- Mayor retención y aprovechamiento del talento
- Mayor desarrollo personal y profesional de la plantilla
- Motivación de los equipos de trabajo
- Ventajas competitivas en el establecimiento de contratos con
las administraciones públicas - Detección de situaciones de discriminación
Este año entran en vigor nuevas normas para las empresas en materia de Igualdad. El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, impone a todas las empresas, independientemente de las dimensiones de su plantilla, nuevas obligaciones en la lucha contra la desigualdad en el entorno laboral. Obligaciones que serán exigibles a partir del 14 de abril de 2021.
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