RGPD y LOPD y Garantía de Derechos Digitales  

Se exige una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las empresas. Se deben determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para poder demostrar el cumplimiento con el RGPD.

Desparece la obligación de notificar ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y aparece la obligación de contar con un Registro de Actividades de Tratamiento en el que es imprescindible documentar e identificar claramente los tratamientos y la base legal sobre la que se desarrollan los mismos.

El RGPD establece que el consentimiento de los usuarios al tratamiento de sus datos personales debe ser libre, informado, específico e inequívoco.

Se entenderá que el consentimiento es inequívoco cuando el usuario realice una acción afirmativa para consentir el tratamiento de sus datos personales.

Esta normativa amplía la obligación respecto al deber de informar a los interesados y exige que las empresas proporcionen información concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo.

La información al interesado deberá facilitarse mediante un sistema de dos capas, en todos los casos, no solo en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.

Los responsables deben facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos, y los procedimientos y las formas para ello deben ser visibles, accesibles y sencillos.

Además de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, el RGPD introduce nuevos derechos: derecho al olvido, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad.

Será obligatorio formalizar un contrato, con el contenido mínimo exigido, con todas aquellas terceras empresas que para la prestación de sus servicios tengan que acceder a los datos personales de los que la entidad es responsable.

Con la LOPDGDD se amplía el catálogo de empresas que tendrán la obligación de designar un DPO, respecto a lo establecido en el RGPD, incluyendo, a las federaciones deportivas cuando traten datos de menores, colegios profesionales, los centros docentes, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, entre otras.

Las empresas están obligadas a notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, en el plazo máximo de 72 horas, las violaciones de seguridad que puedan suponer un riesgo para los derechos y libertades de los interesados. En el caso de que ese riesgo sea alto, la comunicación deberá hacerse también a los interesados.

Lo más novedoso de la LOPDGDD es el Titulo X, en el que se introducen 18 artículos relativos a los nuevos derechos digitales, los cuales no están regulados ni en el RGPD ni en la anterior Ley 15/1999.