Instrumento Europeo de Recuperación

Como respuesta a la crisis provocada por el COVID-19, la Unión Europea ha aprobado un paquete normativo de gran alcance formado por el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027 y el Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU). El MFP constituye el presupuesto de la UE a largo plazo, traduciendo en términos presupuestarios las prioridades de la Unión, y cuya cuantía alcanza los 1.074,3 millones de euros a precios de 2018. Por su parte, el Next Generation EU se basa en tres pilares (apoyo a los Estados para inversiones y reformas, relanzar la economía incentivando la inversión privada y extraer enseñanzas de la crisis) y su importe asciende a 750.000 millones de euros. Entre sus prioridades se encuentra el fortalecimiento de la transición ecológica y digital de la Unión.

En este contexto, España recibirá unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos procedentes del Instrumento de Recuperación. Para su canalización, el Gobierno desarrolló y presentó el 7 de octubre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Plan España Puede). Con fecha 22 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y fue publicado en el BOE el día 31 de diciembre coincidiendo con la publicación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Real Decreto-ley tiene por objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial, los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. También se establecen medidas para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este contexto, a través de las reformas presentadas en el Real Decreto -Ley 36/2020, se introducen importantes elementos con vocación de permanencia que, más allá de atender las necesidades de gestión de fondos para combatir la pandemia, permitirán avanzar en el proceso de modernización de las Administraciones Públicas.

Estas últimas novedades regulatorias se desarrollan en el siguiente documento.