Madrid, 05/05/2021

Audiencia pública sobre el anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión.

Esta Ley tiene por objeto la regulación del mercado de valores y los servicios y actividades de inversión en España y se refiere, entre otras materias, a la emisión y oferta de instrumentos financieros, a los centros de negociación y sistemas de compensación, liquidación y registro de instrumentos financieros, al régimen de autorización, condiciones de funcionamiento y régimen prudencial de las empresas de servicios de inversión, a la prestación de servicios y actividades de inversión en España por parte de empresas de terceros países, a la autorización y funcionamiento de los proveedores de servicios de suministro de datos, a las obligaciones de publicación y al régimen de supervisión, inspección y sanción a cargo de la CNMV.

La modificación de esta ley abarca tres aspectos principales:

1.- Decisiones de política legislativa financiera:

El texto lleva a cabo una importante simplificación y reordenación de las materias reguladas a nivel legal. Así, esta ley pretende regular únicamente los caracteres esenciales de los mercados de valores, las obligaciones y derechos básicos de sus agentes y los clientes financieros, y el régimen de supervisión y sanción a cargo de la CNMV. El desarrollo de este marco básico es encomendado a los correspondientes reglamentos generales sobre los bloques principales de materias que integran este sector del ordenamiento.

Además, se mejora y simplifica el régimen sancionador de los sujetos que intervienen en los mercados de valores y se agrupan las diversas infracciones y sanciones en función del Reglamento de la Unión Europea del que proceden, lo cual ayudará a identificar mejor cuáles son las conductas prohibidas por cada uno de esos Reglamentos de la Unión Europea y las sanciones que podrían aplicarse.

2.- Transposición de diversas Directivas de la Unión Europea:

Esta ley supone adaptación del marco normativo nacional al estado actual del Derecho de la Unión Europea. En particular, se transponen cinco Directivas.

    • Directiva 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019. Esta Directiva transfiere la autorización y la supervisión de determinados proveedores de servicios de suministro de datos, distintos de los relativos a los sistemas de información autorizados y agentes de publicación autorizados a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). Además, atribuye a la AEVM determinadas facultades de recopilación de datos, autorización y supervisión sobre estas entidades.
    • Directiva 2020/1504 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020. Esta Directiva excluye a las personas jurídicas autorizadas como proveedores de servicios de financiación participativa del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
    • Directiva 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021. El objetivo de esta Directiva es permitir que los servicios de inversión desempeñen un papel clave en la promoción de la recapitalización de las empresas europeas y facilitar así las inversiones en la economía real. Además, forma parte de un conjunto de medidas encaminadas a facilitar la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, que incluye además modificaciones puntuales del Reglamento de la UE sobre el folleto a publicar en emisiones de valores o el Reglamento de la UE de titulizaciones, entre otros.
    • Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341. Esta Directiva acompaña a las propuestas de Reglamentos de la UE relativos a los mercados de criptoactivos, al régimen temporal para las infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro distribuido (TRD) y a la resiliencia operativa digital.
    • Directiva 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019 relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión. Esta Directiva exige plasmar en esta ley una separación de los requisitos prudenciales exigidos en función del tamaño de las empresas de servicios de inversión y otra serie de requisitos relacionados con los riesgos sistémicos y su importancia económica, y a su vez adaptar el marco de supervisión a nivel nacional.

3.- Otras novedades:

Con la entrada en vigor de esta ley se elimina la obligación legal de mantener el sistema de información para la supervisión de la negociación, compensación, liquidación y registro de valores (PTI), ya que éste ha devenido innecesario por ser redundante con lo establecido en la normativa europea, y es una carga administrativa adicional cuya exigencia legal ha dejado de estar justificada.

Por último, la Ley dispone de 7 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 6 disposiciones finales y una disposición derogatoria, de las que se destacan los siguientes aspectos:

  • El servicio de reclamaciones de la CNMV actuará como entidad de resolución alternativa de litigios en el ámbito del mercado de valores hasta la creación de la autoridad única competente para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero
  • Se prevé el régimen jurídico específico aplicable a los derechos de emisión y se habilita a la CNMV, el Banco de España y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a aprobar códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan las entidades sin ánimo de lucro.
  • Se regula el régimen de autorización por parte del Gobierno de la adquisición de la totalidad del capital o una participación que atribuya al adquirente el control, directo o indirecto, de las sociedades que administren entidades de contrapartida central, depositarios centrales de valores y mercados regulados españoles.
  • Se regula el informe anual de gobierno corporativo en entidades cotizadas sin forma de sociedad anónima, y se excluye del ámbito de aplicación de esta ley al Instituto de Crédito Oficial en atención a la misión y naturaleza específica de este organismo público.

La audiencia pública estará abierta hasta el 25 de mayo de 2021.

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