El Consejo de Ministros celebrado el martes 15 de diciembre de 2020 aprobó, entre otros asuntos:

El Consejo de Ministros ha aprobado el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional. Es un instrumento de política industrial que va a beneficiar a 612 empresas de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores, y que junto con las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, supondrán un nuevo marco legal al servicio de la gran industria.

El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos. Cabe destacar también la obligatoriedad de mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo energético anual de la empresa deberá haber sido superior a 1 GWh durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas correspondientes al periodo tarifario valle debe ser de al menos el 50% de la energía total consumida. El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que se inicia a solicitud del interesado.

Entre los mecanismos de apoyo destinados a reducir los costes energéticos figuran un mecanismo de compensación de ciertos cargos repercutidos en los costes de la electricidad hasta un máximo del 85% de los costes imputables en los cargos -repercutidos en los precios del suministro de electricidad- por la financiación de los costes de energías renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (TNP). La compensación de los TNP considerada es sólo la parte financiada con cargo al sistema eléctrico (50% del total), el otro 50% de la financiación va con cargo al PGE.

También se recoge el mecanismo de cobertura de riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo por consumidores electrointensivos. El Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos.

Este mecanismo fomenta la contratación a largo plazo de energía eléctrica de estos consumidores, ya sea directamente o a través de un intermediario, producida por instalaciones de generación de energía eléctrica, y en particular procedente de instalaciones de generación renovable, mediante mecanismos de cobertura de las garantías que tienen que prestar los consumidores para la firma de dichos contratos a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación SA (CESCE). En la norma se efectúa el desarrollo del mecanismo de cobertura de riesgos por cuenta del Estado para los contratos a plazo de consumidores electrointensivos para el fomento de contratación bilateral a largo plazo del suministro de energía eléctrica.

El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación del Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años. Por ello, el Anteproyecto de Ley establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE).

De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico. La creación de este Fondo, que se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía, podrá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.

El FNSSE es un instrumento que se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2. Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se trata de una regulación que no modifica ni las cantidades totales destinadas a la retribución de RECORE ni la rentabilidad reconocida a los titulares de las instalaciones.

El fondo estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del RECORE incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.

El texto prevé un calendario de 5 años hasta la implantación total del FNSSE. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación. En este sentido, el Plan de Recuperación prevé inversiones en transición energética e integración de renovables en hogares y empresas para facilitar esta transformación en todo el territorio. De manera especial, se activarán con carácter prioritario, desde inicios de 2021, líneas específicas destinadas a municipios de menos de 5.000 habitantes, facilitando el despliegue de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las energías renovables en estos territorios, impulsando la transición energética como una de las palancas para dar respuesta al reto demográfico.

En cuanto a las aportaciones de los sectores energéticos, éstas se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.

El diseño del FNSSE contempla mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía:

  • Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
  • Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el FNSSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.