El ICAC publicó en el Boicac 122 de Junio 2020, la consulta número 1 que responde a la controversia y a las dudas generadas sobre el adecuado tratamiento contable de las decisiones adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con los costes a asumir por las empresas en los expedientes de reducción temporal de empleo. En concreto, en dicha consulta se concluye sobre si las medidas aprobadas por el Gobierno tienen la naturaleza de subvención y, en su caso, qué conceptos pueden ser considerados como tal.

En resumen, la consulta indica que:

  • La exoneración de la obligación de pago  de la Seguridad Social a cargo de la empresa supone la precepción de una subvención por parte de la empresa, devengándose al mismo tiempo, y de la forma en la que venía haciéndose anteriormente, el gasto por parte de la empresa en concepto de Seguridad Social a cargo de la empresa. Puede admitirse que el importe de la reducción en las cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa  minore el gasto ocasionado por este concepto, siempre y cuando la variación que ocasione este registro contable  sea poco significativa.
  • Sin embargo, los salarios del personal asumidos por el Estado tienen la consideración de prestaciones por desempleo desembolsadas directamente por el Estado y, por lo tanto, no debe ser reflejados contablemente por la sociedad (no hay gasto de personal y subvención).
  • Las obligaciones que pudieran derivarse para la empresa del incumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa que regula las medidas excepcionales adoptadas, deberán tratarse aplicando la norma de registro y valoración 15ª Provisiones  y contingencias del PGC.
  • En la memoria de las cuentas deberá suministrarse toda la información significativa sobre las operaciones realizadas por la empresa para mostrar la imagen fiel.