Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Las medidas recogidas en esta norma son reflejo del acuerdo alcanzado por el Gobierno de la Nación con los agentes sociales el día 8 de mayo de 2020.

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Seguidamente, resumimos las que consideramos más relevantes:

1. ERTEs basados en causa de fuerza mayor (total o parcial).


Prórroga de la situación de fuerza mayor total o parcial derivada del COVID-19 para aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo, basado en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, mientras subsistan las causas referidas en dicho precepto, que impidan el reinicio de su actividad, con el límite del próximo 30 de junio de 2020.

No obstante lo anterior, se prevé la posibilidad de prorrogar, más allá de la precitada fecha, los ERTEs basados en causa de fuerza mayor total, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020.

En ese sentido, conviene señalar que la definición de “fuerza mayor parcial” la estableció el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, que modificó el citado artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. De esta manera, podrá existir causa de fuerza mayor parcial, sólo respecto de aquellas empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales durante la declaración del estado de alarma y en la parte de actividad o en la parte de la plantilla no afectada por dicho carácter esencial, cuando las suspensiones y reducciones de jornada de dichos empleados tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19.

Se excluye la posibilidad de la referida prórroga del ERTE por fuerza mayor total para aquellas empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales.

 

2. ERTEs basados en causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción).


Los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que se inicien desde hoy hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades, en cuanto a la tramitación del procedimiento, recogidas en este precepto.

Por otro lado, se permite que la tramitación de dichos ERTEs, basados en causas objetivas, pueda iniciarse mientras esté vigente un ERTE por causa de fuerza mayor derivado del COVID-19.

Cuando el ERTE por causas objetivas se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos del primero se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor.

 

3. Medidas en materia de prestaciones por desempleo.


Se extiende la aplicación de las medidas relativas a las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados por un ERTE por causa de fuerza mayor o por causas objetivas, previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, hasta el 30 de junio de 2020, las cuales se recuerdan a continuación:

  • Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque se carezca del período mínimo de ocupación cotizada necesario para ello.
  • No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

En cuanto a las medidas previstas en el artículo 25.6 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo para los trabajadores fijos discontinuos y los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, su aplicación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

4. Cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa durante los meses de mayo y junio.


Se establece la exoneración del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

 I. ERTEs basados en causa de fuerza mayor total: Sobre las cuotas de mayo y junio:

  • Empresas con menos de 50 trabajadores (a 29 de febrero de 2020): Se producirá una exoneración del 100%.
  • Empresas con más de 50 trabajadores (a 29 de febrero de 2020): Se producirá una exoneración del 75%.

 

II. ERTEs basados en causa de fuerza mayor parcial:

a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad, aumentando la jornada de trabajo que tuvieran suspendida o reducida:

  • Empresas con menos de 50 trabajadores (a 29 de febrero de 2020): Se producirá una exoneración del 85% en mayo y del 70% en junio.
  • Empresas con más de 50 trabajadores (a 29 de febrero de 2020): Se producirá una exoneración del 60% en mayo y del 45% en junio.

b) Respecto de las personas trabajadoras que continúen con su actividad suspendida:

  • Empresas con menos de 50 trabajadores (a 29 de febrero de 2020): Se producirá una exoneración del 60% en mayo y del 45% en junio.
  • Empresas con más de 50 trabajadores (a 29 de febrero de 2020): Se producirá una exoneración del 45% en mayo y del 30% en junio.

 

5. Limitación reparto de dividendos.


Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a un ERTE basado en causa de fuerza mayor total, que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran de alta en la Seguridad Social a más de 50 trabajadores, o asimilados, y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2020, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.

Por otro lado, se establece que no se tendrá en cuenta dicho ejercicio 2020, en el que la sociedad no distribuya dividendos, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios, previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

 

6. Obligación de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.


Esta norma viene a concretar el compromiso de mantener el empleo, que adquiría la empresa al acogerse a las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, con motivo del inicio de un ERTE, y que se prevé en la Disposición adicional sexta del mencionado del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.

En síntesis, la norma, que modifica dicha Disposición adicional, recoge en gran parte la respuesta de la Dirección General de fecha 11 de abril de 2020 a una consulta sobre la interpretación y alcance de la misma.

En ese sentido, sólo vendrán obligadas a mantener el empleo aquellas empresas que tenga un ERTE por fuerza mayor (total o parcial) y sólo respecto a los trabajadores incluidos en dicho ERTE. Dicho compromiso abarcará el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.

No obstante lo anterior, este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

No se considerará incumplido dicho compromiso cuando:

  • El contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario, declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.
  • El contrato temporal se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Por otro lado, no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.