En la actual crisis que estamos padeciendo, una cuestión de gran preocupación es cómo van a afectar desde un punto de vista jurídico, los incumplimientos contractuales, los retrasos o falta en el pago, que puedan producirse a corto y medio plazo.

Lo primero que debemos señalar es que, como norma básica de partida, “los contratos deben cumplirse”: cuando alguien contrata debe razonablemente asumir que cualquiera que sea el contenido del negocio jurídico -o las circunstancias futuras- su contraparte sabe lo que está haciendo, asume sus riesgos y el contrato responde a su verdadera voluntad, razón ésta por la que igualmente debe esperar que atienda sus obligaciones. Y si no lo hace, incurrirá en una responsabilidad.

Fuerza mayor

Ahora bien, establece el Código Civil español en su artículo 1.105 que “fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

Se trata de los supuestos comúnmente identificados como caso fortuito o fuerza mayor, asociándose la fuerza mayor exclusivamente con aquellos sucesos que se originan fuera del ámbito del deudor, y que caen fuera de lo que debe preverse en el curso normal y ordinario de la vida.

Puede decirse que en nuestro sistema jurídico la inejecución de las prestaciones contractuales es aceptable solo si es debida a circunstancias ajenas al control del obligado, a hechos que no pudo prever o que, habiendo previsto, no pudo impedir.

Desde esta perspectiva, no parece difícil identificar la epidemia del coronavirus con un evento imprevisto e imprevisible, inevitable y directamente afectante a la capacidad de ejecución de ciertas prestaciones a la luz del citado artículo 1.105 del CC.

Ahora bien, lo que es seguro, es que no cabe alegar, sin más, fuerza mayor para incumplir el contrato o no atender los pagos. Han de analizarse, en cada caso, las circunstancias concretas de cada contrato para valorar, si podría existir o no fuerza mayor respecto al cumplimiento de las obligaciones de las partes. Es necesario ponderar las circunstancias de cada caso concreto.

Así, en primer lugar, habrá que estar sobre todo a lo que las partes hayan previsto en sus pactos, ya que el propio artículo 1.105 del Código Civil contempla la posibilidad de que la obligación (es decir, el acuerdo de los interesados) atribuya al deudor los riesgos o consecuencias del caso fortuito o la fuerza mayor.

Si no ha habido pacto en este sentido, habrá que analizar cada caso concreto. No se trata únicamente de la irresistibilidad propia de la situación, sino también de la capacidad del deudor para estar precavido y de la exigibilidad o no, en consecuencia, de la adopción de medidas preventivas.

Habrá ocasiones en que al deudor –o incluso al acreedor- le resulte razonablemente exigible haber tomado iniciativas precautorias para neutralizar el impacto negativo del caso.

En suma, hay que revisar los contratos y atender a las circunstancias concretas de cada caso, antes de proceder a su incumplimiento alegando fuerza mayor.

Únicamente de forma general, por lo tanto, y a reserva de las circunstancias de cada caso, puede concluirse que solo la imprevisibilidad de la contingencia hace inexcusable el incumplimiento.

Cláusula Rebus sic stantibus

También debe revisarse la aplicación de la denominada cláusula rebus sic stantibus, de creación jurisprudencial, aunque aplicada de modo bastante restrictivo por los tribunales. De la misma manera que ocurre con la aplicación de la fuerza mayor, el análisis de cada caso será determinante para su apreciación.

Esta cláusula permite la revisión de las obligaciones y contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas, la finalidad económica esencial del contrato se frustra o deviene inalcanzable, se ha roto el equilibrio del contrato y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento.

Los requisitos que se exigen son:

  1.  La existencia de una alteración completamente extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración;
  2. Una desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes, que rompa el equilibrio entre dichas prestaciones;
  3. Que ello suceda por la aparición sobrevenida de circunstancias radicalmente imprevisibles en el momento de la celebración del contrato.

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