Madrid, 03/11/2021

Informe de la CNMC sobre el anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas

La CNMC ha elaborado un informe sobre el anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Este anteproyecto de ley tiene como objetivo principal mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción.

En cuanto a la valoración por parte de la CNMC, ésta valora positivamente el anteproyecto en la medida en que identifica una serie de prácticas, como las barreras regulatorias y la morosidad en el pago a proveedores, que suponen obstáculos a la creación y al crecimiento de empresas, en especial de aquellas de menor tamaño. No obstante, también realiza una serie de consideraciones generales y particulares.

Por un lado, en cuanto a las consideraciones generales, se valoran positivamente ciertas medidas incluidas en el anteproyecto, entre las que destacan:

  • La posibilidad de instar a la nueva Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios para elaborar una ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de servicios.
  • La modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliando el catálogo de actividades exentas de licencia.
  • La nueva regulación recogida en el artículo 28 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para posibilitar el inicio del mecanismo por obstáculos o barreras previstos en proyectos normativos, incluyendo la posibilidad de hacer públicos los informes elaborados por los puntos de contacto.

Por otro lado, la CNMC realiza una serie de consideraciones particulares acerca de los siguientes aspectos:

  • Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. La inclusión de una nueva justificación añadida a la razón imperiosa de interés general (garantía de la adecuada y eficiente gestión pública de los recursos públicos) podría considerarse no necesaria, ya que el concepto de RIIG incluye varios elementos que pueden asumir las razones de eficiencia en la gestión de recursos públicos. En todo caso tales consideraciones podrían incluirse en el análisis de proporcionalidad de las medidas.
  • Cooperación en la elaboración de proyectos normativos. Se recomienda que el análisis de adecuación a los principios de buena regulación sea realizado no solo respecto al proyecto normativo en su conjunto sino adicionalmente sobre todas y cada una de las decisiones regulatorias incluidas en el texto normativo que contengan requisitos o limitaciones en lo relativo al acceso o ejercicio de una actividad económica.
  • Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. Respecto a las inscripciones registrales que se realicen de oficio por las administraciones públicas, podría ser aconsejable establecer un plazo perentorio concreto en que esta obligación de inscripción deba llevarse a efecto.
  • Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. Se recomienda, en relación con la concesión de ayudas públicas, limitar la actuación admisible desde la óptica del artículo 18.2.b de la Ley a la obligación de generar actividad económica en el territorio.
  • Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes. Se recomienda limitar los supuestos de exclusión de la reclamación de artículo 26 a los supuestos en los que el recurso especial en materia de contratación haya sea efectivamente interpuesto por el afectado, de forma que el interesado disponga de la opción de tutelar sus intereses, sea por la vía que considere más adecuada.
  • Se propone no limitar las reclamaciones de daños a los supuestos en que la posibilidad se prevea por la CNMC. Además, tal posibilidad debería tener facultativo para la CNMC.
  • Se estima necesario aclarar de forma expresa en el texto de la nueva disposición que el plazo del requerimiento que podrá dirigir la CNMC a otras Administraciones será el de dos meses previsto en el artículo 44.2 de la LJCA.
  • Se propone incluir la referencia a una norma común europea en materia de facturación electrónica con el fin de limitar la sintaxis y asegurar la homogeneización entre los Estados miembros de la UE.

 

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