Madrid, 13/04/2021

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Esta Ley tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/828, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

La transposición de la Directiva al ordenamiento jurídico español aporta mejoras en torno a mejorar la financiación a largo plazo que reciben las sociedades cotizadas a través de los mercados de capitales; así como a aumentar la transparencia en la actuación de los agentes del mercado de capitales y en relación con las remuneraciones de los consejeros o la realización de operaciones entre la sociedad y sus partes vinculadas.

En cuanto al contenido de la norma, se destacan los siguientes aspectos derivados de las novedades incorporadas de la Directiva:

Sobre la política de transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto:

  • Esta Ley modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. La modificación legal tiene por objeto obligar a las sociedades gestoras de estas instituciones y entidades a elaborar y publicar una política de implicación.
  • Se modifica también el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores para prever esta obligación de las empresas de servicios de inversión, de manera análoga a lo que se establece para las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.
  • Otra obligación relacionada con esta y que incorpora la Ley es la que se impone a los gestores de activos para con los inversores institucionales cuyos activos gestionen. Con la reforma legal deberán poner anualmente en conocimiento de las entidades con las que hayan concluido estos acuerdos de gestión de activos, entre otros aspectos, la forma en que su estrategia de inversión y su aplicación se ajustan a dicho acuerdo y contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de los activos, entre otros aspectos. Sobre el derecho de las sociedades a identificar a sus accionistas:

Sobre el derecho de las sociedades a identificar a sus accionistas:

  • La finalidad de esta reforma es permitir una comunicación directa con los accionistas para facilitarles el ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad. En relación con esto, esta Ley reconoce el derecho de las sociedades a identificar no solo a los accionistas formales, sino también a los beneficiarios últimos, y mantiene expresamente inalterado el sistema español vigente en la actualidad de registro de valores. Además, habilita el desarrollo reglamentario de otros aspectos técnicos y formales necesarios en relación con esta materia.

Sobre los asesores de voto (proxy advisors):

  • Estas entidades de asesoramiento profesional a los inversores para ejercer sus derechos de voto en las juntas generales de accionistas son reguladas por primera vez en la Directiva, cuya regulación a nivel nacional se realiza a través de la presente Ley.

Sobre el derecho de los accionistas a pronunciarse sobre las remuneraciones de los administradores:

  • Este derecho permanece inalterado en sus elementos principales e introduce alguna modificación de cierta relevancia en el informe anual de remuneraciones, cuyo contenido pasa a ser más detallado como consecuencia de la transposición de la Directiva.
  • En consecuencia, también se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas para adaptarla a la Directiva y transponer la disposición según la cual el auditor legal o la entidad auditora se asegurarán de que se ha facilitado el informe anual de remuneraciones.

Sobre la regulación de las operaciones vinculadas:

Se introduce en el Título XIV, dedicado a las sociedades anónimas cotizadas, un nuevo Capítulo VII bis enteramente dedicado al régimen de operaciones vinculadas. Las novedades más destacadas en este ámbito son las siguientes:

  • La adaptación de la definición de operación vinculada a la recogida en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
  • La Directiva permite que el deber de abstención de los consejeros de la matriz en la filial (cotizada) no sea aplicable a las operaciones intragrupo, para facilitar la economía y la planificación estratégica de los grupos de la que las operaciones internas constituyen un elemento indispensable.
  • En cuanto al régimen sustantivo aplicable a estas operaciones, se ha optado por regular separadamente el régimen de publicidad de las operaciones, su régimen de aprobación y las distintas excepciones a uno y otro.
  • La obligación de publicar la información relevante relativa a aquellas operaciones que superen determinados umbrales cuantitativos, acompañada con un informe elaborado por la comisión de auditoría, a más tardar en el momento de su celebración.
  • En cuanto al régimen de aprobación de las operaciones vinculadas, se respetan las actuales competencias de la junta general, atribuidas tanto en la parte general de la norma como en la parte relativa a sociedades cotizadas.
  • El consejo de administración será competente para aprobar el resto de operaciones vinculadas salvo que, por sus especiales características, se sujeten a un procedimiento de aprobación menos exigente y más ágil.

Por otro lado, esta Ley también introduce, al margen de la Directiva, otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los mercados de capitales:

  • Se modifica el artículo 225 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para reforzar el deber de diligencia de los administradores, en consonancia con las exigencias del buen gobierno corporativo.
  • Se modifica el artículo 529 bis del mismo texto para establecer que los consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser necesariamente personas físicas.
  • Se introducen las denominadas «acciones de lealtad» con voto adicional, permitiendo a las sociedades cotizadas contemplarlas en sus estatutos sociales. De esta forma, se permite que los estatutos otorguen derechos de voto adicionales a las acciones que haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo mínimo de dos años.
  • Se modifica el Código de Comercio, desarrollándose el apartado del estado de información no financiera correspondiente a la información sobre cuestiones sociales y relativas al personal.
  • Se introducen una serie de modificaciones en la propia LSC con el objetivo de hacer más simples y ágiles los procesos de captación de capital en el mercado por parte de sociedades cotizadas y de compañías con acciones admitidas a negociación en sistemas multilaterales de negociación:

– Se reduce de quince a catorce días naturales el plazo mínimo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

– Para la exclusión del derecho de suscripción preferente en sociedades cotizadas, se requiere con carácter general el informe del experto independiente previsto en el artículo 308, siempre que el consejo de administración eleve una propuesta para emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe superior al veinte por ciento del capital.

– En lo que respecta a la delegación en los administradores de la facultad de aumentar el capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, se limita a un máximo del veinte por ciento del capital.

– Se permite con carácter general la entrega y transmisión de las nuevas acciones una vez otorgada la escritura de ejecución del aumento y antes de la inscripción.

– En cuanto a las ampliaciones de capital se prevé que el régimen modificado propuesto sea también de aplicación a las compañías de menor dimensión cuyas acciones se negocian en sistemas multilaterales de negociación.

  • Se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, para incluir el informe anual de remuneraciones de los consejeros entre la información cuya existencia debe comprobar el auditor al analizar el informe de gestión de las sociedades cotizadas.
  • Se adapta el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores al Reglamento (UE) n.º 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
  • Se modifica la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores para exceptuar de la obligación de elaborar el informe anual de gobierno corporativo a las entidades emisoras de valores distintas de las sociedades anónimas cotizadas.
  • Se modifica la disposición adicional séptima de la LSC para actualizar la enumeración de preceptos que se consideran normas de ordenación y disciplina del mercado de valores y que, por tanto, se encuentran bajo la supervisión de la CNMV.

Por último, la Ley incluye dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales; y entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

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