El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón provocado por las medidas excepcionales adoptadas para hacer frente al Covid-19. Principalmente se abordan medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral en la administración de justicia con el fin de proteger la salud de los funcionarios y profesionales que trabajan en este ámbito.

 

El texto del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, se estructura en cinco bloques de medidas.

 

Bloque 1. Seguridad en el trabajo. Serán de aplicación durante el estado de alarma y en los tres meses posteriores a su levantamiento

 

  • Se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde.
  • Atención al público telefónica o por correo electrónico. Solo en caso necesario se hará presencialmente. pero siempre con cita previa.
  • Los actos procesales y deliberaciones serán preferentemente por vía telemática, salvo en el ámbito penal en el que será el Juez quien decida. En delitos graves siempre será necesaria la presencia física del acusado.
  • Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en función de su tamaño y características.
  • Se dispensará a los abogados del uso de las togas.
  • Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista de la documentación médica.

 

Bloque 2. Impulso a la recuperación de la actividad judicial

 

  • Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos temporalmente asociados a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.
  • Habilitación, en los ámbitos en que sean inhábiles, de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto.
  • Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial puedan ser asignados a asuntos derivados de la pandemia.
  • Habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas a que realicen labores de sustitución y refuerzo.
  • Los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía podrán desempeñar sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional.

 

Bloque 3. Medidas de transformación digital

 

  • Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la administración de Justicia.
  • Obligación general de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas permitan el teletrabajo.

 

Bloque 4. Medidas procesales para evitar confusiones en el cómputo de los plazos tras el estado de alarma

 

  • Los plazos procesales suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. Los plazos para presentar recursos se amplían por un periodo igual al previsto por la ley.
  • Procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, así como de ajustes en las pensiones para progenitores en situación de vulnerabilidad por el Covid-19.
  • Los ERTES que no alcancen los umbrales de despido colectivo se podrán regir por un proceso más simple y rápido como el del conflicto colectivo, sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual.
  • El Registro Civil no tendrá que tramitar de nuevo expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento.
  • Tendrán preferencia las siguientes actuaciones: las que tengan que ver con la protección de menores; cuando una entidad financiera o un arrendador no reconozca la moratoria de las hipotecas o en los contratos de alquiler; los recursos contra las administraciones por denegación de ayudas para paliar los efectos del Covid-19; y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis.

 

Bloque 5. Medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil

 

 

  • La empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio que estuviera en período de incumplimiento durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma.
  • Se aplaza durante un año desde la declaración de estado de alarma el deber del deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que se presente una propuesta de modificación del convenio.
  • Los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado podrán presentar una propuesta de modificación o una nueva solicitud sin que haya transcurrido un año desde la anterior solicitud.
  • Las empresas o autónomos en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma.