En el artículo 34 del RDL 8/2020 se regulan una serie de situaciones en materia de contratación pública, en función de los diferentes tipos de contratos públicos, ante los diferentes contratiempos producidos por el estado de alarma y las medidas adoptadas por la Administración Pública para afrontarlo.

Como norma general, la suspensión de los contratos que en este artículo se contiene, en ningún caso implicará la resolución de los mismos.

Resumidamente, el régimen establecido es el siguiente: 

  1. Contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva (vigente a la entrada en vigor del RDL) en el sentido del artículo 3 de la Ley 9/2017 cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por el Estado, administraciones, etc.
    • Quedan suspendidos los contratos desde que se imposibilita la prestación hasta que cesen las circunstancias extraordinarias.
    • La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos (gastos salariales, gastos de alquileres, coste de mantenimiento, etc.) durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación.
    • Solicitud: el contratista deberá solicitar de la suspensión al órgano de contratación, que tiene 5 días naturales para apreciar la imposibilidad de prestación. Si no se notifica resolución expresa pasados los 5 días, se entiende desestimatoria.
    • Excepciones: las suspensiones que se recogen en el artículo 208.2.a) de la Ley 9/2017 y el artículo 220 del RDL 3/2011 no se ven afectadas por este régimen especial.
    • En caso de que el contrato esté pendiente de renovación por la paralización de los procedimientos se aplicará el artículo 29.4 de la Ley 9/2017.

 

  1. Contratos públicos de servicios y suministros distintos de los referidos en el punto 1 (vigentes a la entrada en vigor del RDL), siempre y cuando no hayan perdido su finalidad.
  • Se concederá la ampliación de plazo a aquellos contratistas que incurran en demora del cumplimiento de los plazos como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por el Estado, CCAA o administración local para combatirlo.
  • Solicitud: se deberá entregar informe del Director de obra del contrato, donde se determine que el retraso es consecuencia del COVID-19 no imputable al contratista.
  • Los contratistas tendrán derecho al abono de los gastos salariales adicionales como consecuencia del tiempo perdido hasta un máximo del 10% del precio inicial del contrato.

 

  1. Contratos públicos de obras (vigentes a la entrada en vigor del RDL) en los que estuviese prevista la finalización durante el estado de alarma y, como consecuencia del mismo, la entrega no pueda tener lugar.
    • Siempre que el contrato no hubiera perdido su finalidad, el contratista podrá solicitar la suspensión del contrato desde que se imposibilita la prestación hasta que cesen las circunstancias extraordinarias.
    • Solicitud: el contratista deberá solicitar de la suspensión al órgano de contratación, que tiene 5 días naturales para apreciar la imposibilidad de prestación. Si no se notifica resolución expresa pasados los 5 días, se entiende desestimatoria.
    • Excepciones: las suspensiones que se recogen en el artículo 208.2.a) de la Ley 9/2017 y el artículo 220 del RDL 3/2011 no se ven afectadas por este régimen especial.
    • La entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios sufridos (gastos salariales, gastos por mantenimiento de la garantía, alquileres o mantenimiento de maquinaria, gastos de pólizas, etc.), siempre que acredite fehacientemente que:
      • El contratista, subcontratistas, proveedores y suministradores estén al corriente de las obligaciones laborales y sociales.
      • El contratista esté al corriente de sus obligaciones de pago.
    • En estos casos, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial

 

  1. Contratos públicos de concesión de obras y concesión de servicios (vigentes a la entrada en vigor del RDL).
    • Se establece el restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la notificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.
    • El órgano de contratación compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales, siempre que se acredite fehacientemente a través de una solicitud.

 

  1. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los contratos (vigentes a la entrada en vigor del RDL) sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como los indicado en el RDL 3/2020 respecto a los sectores de los seguros privados, de planes y fondos de pensiones, de ámbito tributario y de litigios fiscales.

 

  1. Las medidas descritas no será de aplicación en los siguientes contratos:
  • Contratos de servicios o suministros sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria.
  • Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.
  • Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
  • Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

 

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