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El pasado 12 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

Al efecto, la entrada en vigor de la norma tendrá lugar en 12 de agosto de 2021, otorgando un periodo transitorio a las empresas afectadas para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Siendo así, el principal aspecto de esta nueva regulación se concreta en la incorporación al Estatuto de los Trabajadores (en adelante, “ET”) de la Disposición Adicional 23ª, que contempla textualmente que: “Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

De este modo, la ley trata de trasladar la más reciente interpretación jurisprudencial acerca de la laboralidad de los repartidores de empresas de servicio de distribución de productos de consumo, de tal forma que reproduce los criterios, consideraciones y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 805/2020, de 25 de septiembre.

En esta ocasión el Alto Tribunal, adaptándose a los requisitos de dependencia y ajenidad vigentes en el contexto socioeconómico actual, falla resolviendo a favor de la estimación de la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto, siendo ésta la primera sentencia de este tipo dictada en unificación de doctrina, apoyándose en la prevalencia del principio de realidad, en el sentido señalado por sentencias precedentes (Sentencias del Tribunal supremo de 26 de febrero de 1986 o de 20 de enero de 2015).

Con todo ello, la mencionada Disposición Adicional pretende plasmar y regular dicho criterio jurisprudencial, mediante el cual, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 8.1 ET, se incluye en el ámbito de aplicación del Estatuto, la prestación de servicios laborales retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, en nombre de empresas que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita de la actividad de reparto, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.

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