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De un tiempo a esta parte, las retribuciones percibidas por personas que ostentan el cargo de administrador, bien sea por funciones inherentes al cargo de administrador o por funciones extrañas a dicho cargo, han sido objeto de controversia tanto desde la perspectiva fiscal como desde la perspectiva mercantil.

En el documento adjunto en este artículo,  se expone brevemente la interpretación efectuada por el Tribunal Supremo sobre el asunto a la luz de la Ley de Sociedades de Capital y su aplicación práctica para determinar la deducibilidad fiscal de dichas retribuciones.

El origen de esta controversia se encuentra, principalmente, en la aprobación, en territorio común, de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades por la que expresamente desaparece la calificación de gastos no deducibles para las retribuciones a los administradores por considerarse donativos o liberalidades, ex. artículo 15 apartado e) de la citada Ley.

Ante esto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en base a la actual normativa puede cuestionar la deducibilidad de dichas retribuciones en base al mismo precepto, pero basándose en la letra f), que establece como gastos no deducibles aquellas “actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”, es decir, la deducibilidad depende de que la sociedad hubiese cumplido con las formalidades mercantiles, esto es, la previsión en los Estatutos del carácter retribuido del cargo de administrador.

Así, desde 2014, en los procedimientos de comprobación o inspección tributarios, la mayoría de las sociedades veían comprometida la deducibilidad de las retribuciones de sus administradores al no contemplar sus Estatutos Sociales el carácter retribuido del cargo, más cuando ese mismo año con la aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, las formalidades mercantiles en relación a las retribuciones de los administradores se modificaron y se endurecieron.

Como consecuencia de las citadas modificaciones introducidas en la normativa mercantil, las formalidades mercantiles en muchas ocasiones colisionaban con la compleja y diversa realidad de las sociedades mercantiles.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de febrero de 2018, interpretando la normativa mercantil, resolvió que bajo la denominación de “retribución de los administradores” se tiene que incluir la retribución percibida “en su condición de tales” (tareas de administración) así como aquella retribución que dicha persona perciba por funciones deliberativas como las ejecutivas (tareas de gerencia o dirección), debiéndose tener en cuenta ambas retribuciones a la hora de cumplir con las formalidades mercantiles, ex. arts. 217, 218, 219, 249 y 260 de la Ley de Sociedades de Capital.

A continuación, en base a la interpretación del Tribunal Supremo, exponemos las formalidades mercantiles de los arts. 217, 218, 219, 249 y 260 de la Ley de Sociedades de Capital para aquellas sociedades que tengan personas que ostentan el cargo de administrador, percibiendo retribución bien por tareas de administración, bien por tareas de gerencia o dirección (o ambas conjuntamente):

 

A) Los estatutos sociales deben recoger el carácter retribuido del cargo de administrador y el sistema de remuneración.

B) La Junta General de Socios debe determinar el importe máximo de la
remuneración anual del conjunto de miembros del órgano de administración.

C) La Junta General de Socios o el propio órgano de administración debe acordar la
distribución de la retribución entre los distintos miembros del órgano de
administración.

D) Información en Memoria de las cuentas anuales.

 

Los puntos anteriores los encontrará desarrollados en el documento que adjuntamos a continuación: