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La Sentencia del Juzgado Social núm.1 de Barcelona, de fecha 15 de diciembre, es pionera en declarar procedente un despido por causas objetivas vinculadas al impacto de la pandemia por la COVID-19, discutiendo así la prohibición de despido establecida por el RDL 9/2020, prorrogada hasta la fecha por el RDL 2/2021.

Recordemos que dicho precepto prevé textualmente que “las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.

La resolución que nos ocupa entiende que esta regulación, que declara nulos o improcedentes los despidos en los citados supuestos, es contraria al Tratado de la Unión Europea por cuanto concede una facultad de intervención ilimitada a los poderes públicos, hasta el punto de que vacía de contenido el derecho o el desarrollo de la propia actividad empresarial.

Hace, además, mención a nuestro Texto Constitucional en lo que respecta a la libertad de empresa y su garantía por los poderes públicos.

Con todo lo señalado, esta Sentencia resuelve estableciendo que la normativa española, al dictar una prohibición incondicionada, actúa contra el ordenamiento español y marco jurídico europeo.

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