El Grupo SEPIDES (SEPI Desarrollo Empresarial S.A) adjudica a PKF Attest la auditoría de cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Nueva vuelta de tuerca en la guerra de precios que vive el sector legal, donde determinadas firmas están encontrando en el sector público un filón para hacer crecer su facturación en un contexto de crisis.
El sistema de contratación pública, que basa su fórmula de adjudicación principalmente en el aspecto económico, favorece que haya una competencia feroz en precios.
El último ejemplo de ello ha sido el contrato de servicio de auditoría de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para 2021, 2022 y 2023.
Su licitación coincide con el momento de intensa actividad que viene protagonizando el organismo como catalizador en el rescate de empresas consideradas estratégicas.
El brazo inversor del Estado ha seleccionado a PKF Attest, una firma de servicios profesionales, para la elaboración de sus tres próximas auditorías de cuentas.
Según la documentación consultada por este medio, la firma vasca de servicios profesionales prestará esta labor por 290.114 euros, menos de la mitad del presupuesto de 620.745 euros establecido por la SEPI.
En su propuesta de trabajo, plantea llevar a cabo una evaluación del control interno y del patrimonio neto de la SEPI y del conjunto de sociedades controladas.
PKF se ha hecho con la licitación tras hacer valer su oferta económica, con una baja cercana al 28% respecto al valor inicial. En esta ocasión se ha visto favorecida por una serie de factores, empezando por la escasa concurrencia de concurso, al que únicamente se presentaron tres postores.
Las otras dos empresas que mostraron interés por auditar a la SEPI fueron Mazars y Grant Thornton.
La primera resultó excluida del proceso de licitación tras no aportar la documentación exigida, mientras que la oferta de la segunda se rechazó por ser «anormalmente baja».
Pese a que los organismos públicos operan con presupuestos cerrados, aquellas ofertas por debajo de la mitad suelen considerarse desproporcionadas.
Fuente y acceso al artículo completo: Confilegal.com