El Plan de Recuperación se estructura en torno a cuatro ejes (transición ecológica y digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género), los cuales articulan diez políticas palanca, cada uno de los cuales consta de treinta componentes. Con este marco, los fondos para inversiones (69.528 millones de euros para el periodo 2021-2023) se han distribuido de la siguiente forma, respecto de cada una de las palancas:
- Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura: 20,7%
- Infraestructuras y ecosistemas resilientes: 15%
- Transición energética justa e inclusiva: 9,2%
- Una Administración para el siglo XXI: 6,1%
- Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas: 23,1%
- Pacto por la ciencia y la innovación, y refuerzo del Sistema Nacional de Salud: 6,1%
- Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades:10,5%
- Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo: 7,2%
- Impulso de la industria de la cultura y el deporte: 1,2%
- Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.
Por su parte, el proceso de ejecución seguirá un sistema de información y control financiero. Los objetivos del mismo son asegurar la fiabilidad y consecución de los hitos y objetivos; detectar y corregir el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación; y descansar sobre los sistemas ya existentes en las Administraciones Públicas, reforzándolos y adaptándolos al nuevo enfoque del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Se efectuará un control en tres niveles:
- Nivel 1: control interno del órgano ejecutor.
- Nivel 2: control ex ante del órgano independiente de los actos de ejecución de gastos.
- Nivel 3: control ex post mediante auditorías (Intervención General de la Administración del Estado, IGAE)
En cuanto a la organización, la autoridad de control será la IGAE, siendo el órgano responsable el Ministerio de Hacienda. También formarán parte el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (de carácter autónomo) en contacto con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y los Sistemas informáticos de gestión y seguimiento en cuanto a los hitos y objetivos, ejecución de actuaciones, doble financiación y registro de perceptores finales.
Hasta ahora, se han lanzado 23 manifestaciones de interés para el sector privado, trece de las cuales referidas a digitalización. Por parte de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se han lanzado cuatro manifestaciones de interés.
Entre las perspectivas para 2022, se espera alcanzar la velocidad de crucero en la Fase I: 26.900 millones de euros con cargo a los fondos del Plan de Recuperación. Se espera también un impacto transversal de los PGE, ya que 26 de los 30 componentes del plan tienen reflejo presupuestario.
En cuanto a la Fase II, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está dotado con fondos destinados a la concesión de transferencias no reembolsables y de préstamos reembolsables que los Estados miembros pueden solicitar hasta el 31 de agosto de 2023. El desembolso se hace por tramos y está ligado al cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos:
- Identificación de potenciales proyectos e inversiones a financiar que estará condicionada por los porcentajes de inversión digital (20%) y verde (37%).
- Diseño de la estructura financiera óptima para canalizar los fondos de los préstamos: de manera directa a través de inversiones o subvenciones de los distintos Ministerios, o a través de intermediarios financieros.
- Calendario de las inversiones hasta 2026 para que se pueda realizar la planificación plurianual y contar con un marco estable de financiación de proyectos que pueda ser integrado en los sucesivos PGE.