Energía

Real Decreto que establece los requisitos para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos

· 23 de marzo de 2022 ·

Real Decreto 184/2022, de 8 de marzo, por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los requisitos para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.

El Real Decreto contribuye a completar el marco normativo de aplicación a la actividad de recarga de vehículos eléctricos, en el que trabaja intensamente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para dinamizar la movilidad sostenible y alcanzar el objetivo fijado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR) de disponer de 100.000 puntos de recarga pública en 2023.

El Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

Novedades más relevantes del Consejo de Ministros celebrado el 8 de marzo

· 9 de marzo de 2022 ·

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Real Decreto por el que se regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos y define los derechos y las obligaciones de los agentes que participan en la actividad.
El Real Decreto define las dos figuras jurídicas que pueden participar en la actividad de recarga:
• El operador del punto de recarga, titular de los derechos de explotación de las estaciones de recarga y responsable de su operación física.
• La empresa proveedora de servicios para la movilidad eléctrica, un intermediario entre los operadores y los usuarios de vehículos eléctricos, que puede prestar servicios de valor añadido a dichos usuarios.
Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en economía circular (PERTE EC).
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, un plan destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas que pretende dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030.
De este modo, el PERTE apuesta por los tres objetivos fundamentales para el avance de la Economía Circular en la industria española:
• El fomento del ecodiseño de los productos para hacerlos más duraderos y reparables desde su mismo origen, reduciendo los residuos.
• La mejora de la gestión de residuos mediante plantas de tratamiento que incrementen la reutilización, el reciclado y la incorporación de materias primas recuperadas en la producción de nuevos bienes.
• Y el impulso de la digitalización vinculada a ambos objetivos, que permitirá mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en cualquier sector.

Aprobado el Plan Anual Normativo 2022

· 13 de enero de 2022 ·

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2022

En la elaboración del PAN-22 han participado todos los ministerios y las 368 propuestas normativas que lo componen desarrollan el programa de Gobierno y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estas propuestas incluyen 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes (38,2%) desarrollan compromisos del PRTR. En total, 61 de los 368 proyectos están relacionados (un 16,57%).

Entre las normas que forman parte del PAN-22 destacan:

Transformación digital

Reforma de la Ley de ciencia, para garantizar una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y fomentar la investigación facilitando la coordinación con las CCAA y los trámites administrativos para nuevos proyectos.
Reforma de la Ley de industria, que adapta el texto de 1992 a la realidad productiva y económica actual.
Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G, que promoverá también la diversificación del mercado.
Real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la startup de estudiantes, una herramienta pedagógica para que puedan realizar prácticas como si crearan su empresa realmente.

Cohesión social y territorial

Ley de vivienda, que regula las condiciones básicas para el disfrute del derecho a una vivienda digna, dotando a las administraciones públicas de instrumentos para contener la subida de precios y favorecer el acceso de los jóvenes.
Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.
Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio.
Real Decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.
Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir así a frenar la despoblación.

Igualdad de género

Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual.
Modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores.

Transición ecológica

Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común.
Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, para impulsar la modernización del sector.
Modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.
Transposición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.
Otro bloque de normas se centra en la regeneración democrática, entre las que destacan la ley de prevención de intereses en el sector público y la ley de transparencia.

Prorroga de determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación

· 26 de noviembre de 2021 ·

Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación

El Consejo de Ministros ha aprobado, y se ha publicado en el BOE, el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre. Mediante esta norma, se establecen una serie de disposiciones cuya vigencia se extenderá más allá de diciembre de 2021.

En cuanto a su contenido, el texto se articula en torno a nueve artículos, de los que se destaca lo siguiente:

Se amplía la vigencia de las Líneas de Avales, hasta el 30 de junio de 2022, para que autónomos y empresas puedan acceder a financiación garantizada. Igualmente, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras, si la inversión es superior a 500 millones de euros. Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas.
El Real Decreto-Ley establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas. Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.
Se modifica la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos para introducir más competencia al otorgar total libertad al titular de las estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas a la hora de instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos, impidiendo que se vincule al contrato de suministro en exclusiva que mantienen con los operadores. Con esta medida, se incluye una nueva limitación al alcance de los contratos de suministro en exclusiva de carburantes que liguen a los mayoristas con estaciones de servicio abanderadas o franquiciadas para que no puedan incluir cláusulas de exclusividad en lo relativo a la prestación de servicios de recarga de vehículos eléctricos.

El texto se completa con dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Esta norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad

· 16 de septiembre de 2021 ·

Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad

Este Real Decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el BOE, tiene como objetivo mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018. La norma combina medidas generales con medidas específicas de mayor incidencia en los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses.

Entre las decisiones temporales adoptadas, destacan las de carácter fiscal:

Prorrogar hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación.
Reducir desde el 5,1% hasta el 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -el mínimo permitido por la regulación comunitaria-.
Ampliar el importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones.

Igualmente, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista. Se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras.

Este plan de choque tiene repercusión inmediata en la factura de los consumidores, bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajan los cargos a repercutir en las tarifas. Los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales. Ello permite rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria. Adicionalmente, sobre esta disminución se aplicará la menor presión fiscal.

También para afrontar la coyuntura de los próximos meses, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.

Además, se han adoptado otras medidas con vocación de permanencia, como un nuevo suministro mínimo vital que amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes -diez en total-, tiempo en el que se garantizará un abastecimiento mínimo de confort.

Al objeto de aumentar la liquidez de los mercados a plazo, se convocarán subastas de contratos de compra de energía. Los grupos empresariales dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada -el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)- para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.

Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses. Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

Además, se ha modificado el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, por la que se amplía el ámbito temporal cubierto por las ayudas directas para autónomos y empresas.

En ese sentido, se amplía en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre, el plazo de cobertura de las ayudas. Así, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

Además, el Real Decreto-ley aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2021).

Estas modificaciones permitirán a las comunidades autónomas que aún dispongan de parte de los recursos asignados realizar nuevas convocatorias de ayudas en lo que resta de año.

Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

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