Diario de Navarra, en la edición del 15 de septiembre, ha publicado un artículo de Javier Catalán, Socio de Legal y Fiscal en PKF Attest, sobre ‘Secretarios de consejo y asesores de empresa’.

En esté artículo Javier Catalán habla sobre el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, sobre Prevención del blanqueo de capitales y de financiación de terrorismo que entró en vigor el 4 de septiembre de 2018.

La novedad más importante del Real Decreto es la modificación de la Disposición Adicional de la Ley 10/2010, estableciendo la inscripción obligatoria de estos profesionales en el Registro Mercantil de su domicilio, así como la de depositar anualmente información sobre los servicios prestados, incluyendo su ámbito territorial, el volumen facturado, el número y clase de operaciones efectuadas y, en su caso, las modificaciones de su titularidad real.

El incumplimiento de estas obligaciones se considera infracción leve, y puede ser sancionado con multas de hasta 60.000€.

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